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Gremios de la prensa en alerta ante la ‘nueva ley mordaza’






4 diciembre, 2017

Agencias

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) calificaron este lunes de “nueva ley mordaza” el proyecto normativo de “información responsable” que cuatro diputados del MAS presentaron al Legislativo.

La iniciativa legislativa plantea realizar hasta procesos penales a los altos ejecutivos de los medios de prensa, por la información falsa que se publique y que dañe la dignidad de cualquier persona.

Dichas instancias denunciaron que la propuesta pretende controlar la información, regularla y someterla a penalidades, desconociendo totalmente los tribunales de imprenta y la misma Ley de Imprenta. Por eso se declaran en estado de emergencia.

“Al parecer, los proponentes de esta norma desconocen la autorregulación, garantizada por la Constitución Política del Estado (CPE) y en su exposición de motivos parten de una serie de prejuicios contra periodistas y medios de comunicación acusándolos sin pruebas de cometer: ‘manipulación, corrupción en las salas de redacción, pago ilegal a periodistas, regalos que comprometen su labor, conflictos de intereses o uso indebido de influencias'”, dice parte del pronunciamiento.

Acusan a la instancia legislativa de pretender desconocer el carácter analítico e interpretativo de la labor periodística cuando propone que “toda información producida, obtenida de manera lícita debe ser publicada sin modificación alguna”.

“Este proyecto de Ley constituye la reedición de la ley mordaza, impulsada en 1987 por militantes de Acción Democrática Nacionalista (ADN) con la finalidad de eliminar la Ley de Imprenta. En ese sentido, la ‘nueva ley mordaza’ pretende anular la constitucionalidad del periodismo de opinión y de interpretación”, advierten ambos gremios.

Denuncian que el artículo 5 del proyecto “Ley de Información Responsable” que señala: “los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados”, atentando contra el artículo 8 de la Ley de Imprenta que establece que el secreto en materia de imprenta es inviolable.

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