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En nombre del progreso





29 noviembre, 2017

 

Por Ramón Grimalt

En una ocasión el filósofo francés Pierre Joseph Proudhon escribió “La demagogia es la hipocresía del progreso”, refiriéndose con absoluta claridad al ejercicio de la política relacionada con el crecimiento económico o más bien a quienes se vanaglorian de que un sistema político sustente los fundamentos del desarrollo económico cuando en realidad es a la inversa. Esto se desprende del reciente Foro de Países Exportadores de Gas celebrado en Santa Cruz y que acabó convirtiéndose en una cumbre de estados con un interés común, a saber, liberarse de una buena vez del dogal de la dictadura de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que marca el precio del gas en función al precio del crudo, hecho que a todas luces condiciona sus decisiones energéticas a corto plazo.

Por supuesto desde el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha vendido el relato del “carácter trascendental del encuentro”, recordándose que gracias a la adecuada política y gestión de nuestros recursos naturales el país atraviesa por un periodo de estabilidad económica que permite mirar al futuro con esperanza. Ciertamente el mérito del presidente Evo Morales y compañía ha sido saber leer adecuadamente el contexto económico regional-crisis y recesión- y administrar las arcas del Estado con eficiencia y eficacia a través de medidas que poco o nada tienen que ver con el socialismo que pregonan sus amplificadores mediáticos. En otras palabras, el MAS  es socialista y antiimperialista en los papeles que soportan su discurso pero neoliberal en la gestión de la economía, lo que, dados los resultados evidentes, no puede considerarse un reproche sino todo lo contrario.

Es ahí, precisamente, donde se ingresa en el siempre pedregoso terreno de la demagogia como sinónimo de política, en particular porque desde la nacionalización de los hidrocarburos el Gobierno siempre ha concentrado su atención en ampliar la frontera de la exploración sin tomar en cuenta una de las aristas de la Constitución que es la protección y preservación de sus recursos naturales.

Partamos del concepto extractivista preconizado por el Estado boliviano desde sus orígenes hasta la fecha para comprender que la lógica de la economía pasa, inevitablemente, por la explotación de la tierra hasta que no dé más como sucedió con el Cerro Rico de Potosí o esas minas saturadas de socavones donde se consume la voluntad de cientos de bolivianos y bolivianas. Pero además, Bolivia es un país que no ha sabido-ni pretendido-diversificar su matriz económica. Primero fueron el oro y la plata, luego el estaño y ahora el gas, verdadera panacea del desarrollo que vivió su auge y por consiguiente bonanza en la década 2006-2016 y que ahora atraviesa por un momento de incertidumbre e indefinición debido a esa indexación al volátil precio del petróleo.  Ante esta situación queda claro que la estabilidad del país reside en la capacidad que el Gobierno tenga para desarrollar su política energética sin tomar en consideración  factores colaterales como el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, justificándola de “necesaria para el progreso”. Claro que hay tantas definiciones de “progreso” que es muy difícil quedarse con una que no violente los derechos del otro, sobre todo cuando quien ejerce el poder sabe que la clave de este negocio es no mirar al costado ni por un momento. El resto dependerá, naturalmente, de quien pague la factura.

 

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