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Auditorias que sacan a luz irregularidades de las instituciones






3 noviembre, 2017

 

 

ALVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – Noviembre 03/2017) La Contraloría General del Estado, mediante su Dirección regional en Tarija, se encuentra llevando adelante auditorías externas, internas y operativas, esto con relación a denuncias y requerimientos de autoridades u otros operadores. La Contraloría al tomar conocimiento de alguna irregularidad sobre alguna obra o proyecto, de contar con todos los requisitos establecidos,  procede al proceso de auditoría, mediante el cual se realiza la investigación a detalle para verificar si existe o no alguna irregularidad.

Una de las primeras disposiciones del gobernador, Adrián Oliva Alcázar, fue solicitar a la Contraloría General de Estado aplicar una auditoría externa a 10 proyectos de las anteriores gestiones de la Gobernación. Esto en el afán de constatar o descartar presuntas irregularidades económicas. Paralelo a este trabajo, dijo que como institución realizaron una auditoría interna a más de 60 proyectos, tanto en la capital como en las provincias.

De acuerdo a la contralora, Carmen Rosa Ortiz Cerezo, debido a la gran cantidad de procesos de auditoria que lleva a cabo esta entidad, no se estableció un número exacto de auditorías  debido que en algunos casos, varias auditorias ya fueron concluidas, en otros continúan y otras fueron rechazadas, aunque como un número referencial existen alrededor de 5 procesos de auditoria a nivel departamental con referencia proyectos ejecutados por la Gobernación.

La primera autoridad del departamento de Tarija, Oliva dijo que identificaron diferentes proyectos con sobreprecio y supuestas irregularidades, principalmente en obra con recepción provisional y otras a medio concluir. Por esto, dijo que decidieron aplicar auditorías externas e internas.

En su momento el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta Méndez, indicó que desconoce cuáles son esos proyectos, pero explicó que las auditorías buscan esclarecer algunos hechos irregulares que supuestamente se habrían cometido en pasadas gestiones. Aclaró que no son sólo obras de la administración central, sino también hay proyectos ejecutados con las subgobernaciones y también municipios.

“Son más de 18 mil millones de bolivianos que se administraron en los últimos 5 años y muchos de esos recursos deben ser trasparentados. Por eso nosotros vamos hacer nuestro trabajo de auditar, presentar los informes a donde corresponde, y ahí también esperamos que el Ministerio Público coadyuve en la investigación”, dijo Peralta.

Ante esta situación, según el asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UD-A),  Luis Pedraza  la única información que tiene respecto a las auditorías es que no se ha programado ni una sola auditoría especial, por parte de la Gobernación.

En respuesta a las declaraciones de Pedraza, el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García Delfín, dijo que muchos de los procesos de auditoría sirvieron para elaborar en un año más de 50 procesos administrativos y penales contra exautoridades de la Gobernación, particularmente de la gestión de Lino Condori. Además, existen otros procesos de auditoría que avanzan en la Contraloría General del Estado. Sin embargo, ninguna fue concluida hasta el momento.

Así mismo, García indicó que entre los procesos de auditorías internas, donde se comprobaron irregularidades en la ejecución de proyectos ya fueron derivados como denuncias a la Fiscalía.

Entre los casos más llamativos de los más de 50 procesos que iniciaron en el primer año de la  gestión de Oliva, se destaca el caso de los motores chinos del Programa de Conversión de Gas Natural Vehicular (GNV) donde se ha determinado un presunto daño económico a la Gobernación de Bs 10 millones. También se revisó el comportamiento que asumieron algunas unidades desconcentradas a  la hora de comprometer recursos de la Gobernación.

Es el caso del proyecto denominado San Simón-Saladito-Tabasay que tiene una certificación de la Subgobernación con 100 mil bolivianos, pero se firmó un contrato que comprometía 195 millones de bolivianos. De la misma manera, hay contratos firmados con la autorización del exgobernador Lino Condori en la gestión 2014. Por ello, la Secretaría de Justicia pide al Ministerio Público que investigue esta amplia libertad de compromisos de recursos cuando aparentemente el exsecretario de Planificación era un familiar directo de un funcionario de jerarquía de la Subgobernación de O’Connor.

“Hay otro caso en el Prosol y tiene que ver con la provisión de grandes cantidades de estiércol en la comunidad de Pueblo Nuevo por el que se canceló el 100 por ciento del producto; sin embargo, no se dejó el 20 por ciento de la materia pese a que hay documentos de conformidad de recepción”, dijo.

Así mismo mencionó el caso de avasallamiento de tierras de propiedad de la Gobernación ubicadas en el municipio de Uriondo, donde está involucrado el actual dirigente campesino, Eider Quiroga, quien ya  fue imputado formalmente por el Ministerio Público. (eP)

Datos

El gobernador Adrián Oliva, presentó en agosto de 2015 un “paquete de auditorías”, con el objetivo de transparentar los 18 mil millones de bolivianos que se desembolsaron a la Gobernación desde la gestión 2005.

El costo total para realizar 172 auditorías internas dentro de la Gobernación, es de un millón de bolivianos.

Apunte

Contraloría realiza auditorías a Setar del 2012 al 2016

De igual manera la contralora, Carmen Rosa Ortiz Cerezo, informó que se realizan auditorías en la empresa de Servicios Eléctricos Tarija, (Setar) correspondientes a la gestión 2012-2016, con el objetivo de conocer si se tuvieron o no malos manejos en la empresa, la cual atraviesa actualmente por un proceso de restructuración en cumplimiento al Decreto de austeridad del gobernador Adrián Oliva Alcázar.

Las autorías que se llevan adelante incluyen investigaciones a las compras menores y mayores que realizó la empresa.

Ortiz, indicó se realizan auditorías internas a la empresa  de la gestión 2012 y 2014, por parte de la Contraloría las auditorias corresponden a las gestiones 2015 y 2016.

Al mismo tiempo, la Contraloría investiga el robo de cables y supuestos cursos de capacitación para algunos funcionarios, para los que se destinaron recursos, pero no se habrían llevado adelante. (eP)

Nota de apoyo

Alcaldía de Tarija es sometida a auditorias operativas

ALVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – Noviembre 03/2017) En complemento la Contralora, Ortiz, informó que están realizando una auditoría operativa al Gobierno Municipal de la provincia Cercado, que consiste en el análisis de la eficacia, eficiencia e inversión económica de las instituciones, esto para verificar en qué medida se han logrado cumplir los objetivos que se trazaron sus instituciones y autoridades durante su gestión.

En el proceso se analizará si la autoridad municipal realizó inversiones eficaces y necesarias precautelando los recursos del Estado.

De igual manera afirmó que el próximo mes de diciembre se iniciará con el proceso de auditoría, con lo que respecta a la avenida denominada “Costanera Sur”, donde la denuncia refiere que fue aceptada tras un fallo que salió a favor del ambientalista Gonzalo Torrez Terzo, dicha obra habría generado un daño al medio ambiente, afectando directamente al río Guadalquivir.

En ese sentido, entre las disposiciones que emanó el Tribunal de Justicia, la Contraloría General del Estado debe realizar una auditoría especial al trámite de la aprobación de la ficha ambiental otorgada para la construcción de la avenida Costanera del Sur que fue ejecutada en el año 2013.

SACA PUNTAS

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SUMA

El Colegio de Comunicadores Sociales de Tarija ya tiene su personería jurídica y está organizando la elección de sus dirigentes. En buena hora la organización de los profesionales en el área de la comunicación, desde donde puedan normarse las reglas éticas para los profesionales no solo de los medios de prensa, sino también de las instituciones públicas como privadas.

RESTA

La respuesta esquiva de la Dirección de Ingresos Municipales respecto a la falta de controles a las tiendas que ofertan productos de contrabando, desligando toda responsabilidad, cuando es una realidad palpable en el centro de la ciudad como en diferentes barrios de la capital.