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Candidata al TSJ acusada por prevaricato no fue notificada






26 octubre, 2017

 

ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – Octubre 26/2017) Los fiscales anticorrupción del Ministerio Público, presentaron el pasado 17,  la imputación formal en contra de la abogada María Cristina Díaz Sosa, quien actualmente es candidata al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el presunto delito de prevaricato, ilícito que habría sido registrado en la gestión 2016.

Sin embargo, hasta la fecha, Díaz no fue notificada con dicha imputación formal, mediante la que deberá defenderse en una audiencia de medidas cautelares.

Díaz, respondió que la denuncia presentada en su contra, tiene la finalidad de “dañar” su imagen, durante el proceso de las elecciones judiciales, argumentando que el hecho por el que se le responsabiliza, fue registrado el año 2016 y que “no es lógico” que a falta de un mes para los comicios judiciales, se dé curso a esta denuncia.

“Resulta extraño que la persona que es ajena al proceso de las elecciones judiciales, sepa que yo tengo una imputación formal, cuando no conozco esa imputación, no es posible que el diputado -Lino Cárdenas-, que salió ante los medios para hablar de la imputación, sin que yo me entere del contenido”, lamentó Díaz.

La abogada dijo que es extraño que el diputado Cárdenas, se entere de la denuncia antes que la misma interesada.

“Hubiese sido algo más lógico, pero me extraña enormemente que se  haga ahora”, cuestionó.

Según la exmagistrada, este accionar es para dañar su imagen, al querer evitar que gane en los comicios judiciales de diciembre. (eP).

Apunte

Fiscalía espera la audiencia

Por su parte, el fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz, informó que tras la presentación de la imputación formal,  es competencia del Juzgado pertinente, el establecer la hora y fecha en la que sea realizada la audiencia de medidas cautelares.

La autoridad fiscal, recordó que, la abogada Díaz, está siendo procesada en conjunto con el abogado, Nilo Velasco, quienes fueron vocales del Tribunal Departamental de Justicia. El delito por el que se los imputó, fue por emitir resoluciones en la calidad de autoridades judiciales, las mismas que iban en contra de la norma. (eP).