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A sangre y fuego





6 octubre, 2017

 

Por Ramón Grimalt

Vi con absoluta estupefacción, el modo cobarde, brutal e intolerante, con que la Policía Nacional y la Guardia Civil reprimieron el derecho democrático del pueblo catalán a expresarse en las urnas en el referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre.

En la columna titulada “La cuestión catalana” califiqué esta consulta popular de “ilegal”, al desmarcarse del ordenamiento jurídico español amparado en la Constitución de 1978; pero al mismo tiempo, defendí y argumenté la “legitimidad” de la convocatoria al reflejar el sentimiento histórico y político de una parte importante de la sociedad catalana. Asimismo, cerré la columna con el concepto diferencial entre Estado de Derecho y derecho de Estado.

Creo haber dejado clara mi opinión sobre el proceso soberanista catalán. Considero que el gobierno de la Generalitat que preside Carles Puigdemont se equivocó al desafiar al Estado español; sin embargo, ateniéndome a los acontecimientos posteriores o colaterales, depende, derivados de la desproporcionada respuesta del Gobierno, no me cabe la menor duda que Mariano Rajoy ha conseguido dar la razón a quienes anhelan separarse de un país cuyos gobernantes ya no los representan como se pudo constatar en el muy cuestionable discurso del rey Felipe VI. Es bien cierto que, salvo honrosas ocasiones, los reyes que son jefes de Estado en las monarquías constitucionales, no escriben ninguna de sus alocuciones. En todo caso, se limitan a leer las consideraciones propias de la línea política trazada por el Gobierno. No es de extrañar, por lo tanto, el tono beligerante, tosco y si cabe indolente del borbón hacia Catalunya que fue incapaz de acordarse de los más de ochocientos heridos durante los gravísimos incidentes del domingo. Es más. Si la intención era calmar las aguas, consiguió el efecto contrario soliviantando aún más el espíritu independentista.

Al margen de aquellas voces que sostienen que las monarquías forman parte del pasado y ahí, en las páginas de la Historia, deberían quedar, lo que llama la atención a esta orilla del Atlántico es que a pesar de los avances en materia de democracia y participación ciudadana, equidad y tolerancia, algunos estados son incapaces de resolver sus conflictos por la vía del diálogo y la negociación política. Sucede, evidentemente, en Venezuela y sí, también en ese país que vende la marca “España” como sinónimo de progreso y modernidad. Bastaron las imágenes de cientos de policías antimotines decomisando urnas mientras golpeaban a la población civil-incluso adultos mayores-para arrojar por la borda esa imagen que desde los rutilantes escenarios de la política española se proyectaba a la comunidad internacional y que muchos acabaron creyendo e imitando como ejemplo de modélica transición y solidez de sus instituciones democráticas a partir de 1975. Sucede que uno se podrá vestir de seda y oropel cuando la ocasión así lo merezca, pero ese oscuro personaje, rancio y cerril, el mismo que se embarcó en empresas quiméricas en busca de El Dorado conquistando Tenochtilán, torturando a Atahualpa, esclavizando y masacrando a miles de pueblos indígenas en nombre de la siniestra trinidad Rey-Patria-Religión, surge de su cueva para poner las cosas en orden, con dos cojones en vez de cerebro, como bien definió Miguel de Unamuno.

La que vimos es, sin matices, la expresión más sombría de la España profunda la de la cruz y la espada, los tercios del capitán Alatriste y compañía, la que en pleno siglo XXI sofoca rebeliones populares a sangre y fuego a la usanza del Duque de Alba, esa que ha puesto de manifiesto que es incapaz de  entender que la libertad no consiste en escoger un camino u otro, sino más bien en alzarse contra quien quiere imponer uno.