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Oposición denuncia ante CIDH atentado a la democracia






5 octubre, 2017

ERBOL

La oposición política boliviana en la Asamblea Legislativa formalizó este jueves denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado representado en la persona de Evo Morales y Álvaro García Linera por atentado a la democracia, la Constitución, el Estado de Derecho, el voto ciudadano y la soberanía popular expresados en el referendo del 21 F.

Los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo en representación de la bancada de Unidad Demócrata y la diputada Jhovana Jordán en representación del expresidente Jorge Tuto Quiroga, entregaron la denuncia a la Secretaría Ejecutiva Adjunta de la CIDH, Maria Claudia Pulido, en un memorial de 23 páginas que acompañan 14 pruebas que respaldan la denuncia de una inminente violación a los derechos políticos de los bolivianos que respaldaron la actual Constitución y rechazo la reelección de Evo Morales para el 2019.

Denuncian que el MAS se inventó el “absurdo jurídico que significa declarar inaplicables artículos de la propia Constitución, por un Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuya única razón de ser y existir es preservar y garantizar el pleno imperio de la Constitución en todas y cada una de sus normas.

El memorial firmado por el abogado patrocinante, Carlos Alarcón, recuerda a la CIDH que la oposición presentó un recurso para que el Tribunal rechace la pretensión de  “forzar a toda costa una cuarta reelección inconstitucional de los actuales mandatarios”. Sin embargo el mismo fue rechazado.

ADMITIR ES CONSIDERAR EL FONDO

Denuncian que el Tribunal admitió el recurso del MAS y decidió ingresar a considerar el fondo de esta petición, sin tener atribución, competencia ni el procedimiento para declarar inaplicables artículos de la Constitución, siendo que el mismo Tribunal en una Declaración Constitucional Plurinacional 0003/2013, de 25 de abril de 2013, reconoció la plena vigencia, aplicabilidad y operatividad del artículo 168 de la Constitución, que ahora se presente hacerlo declarar inaplicable.

Asimismo acusan al Tribunal  de usurpar funciones del poder constituyente y del cuerpo electoral constituido en soberano que ya tomó una decisión con efecto obligatorio, inmediato y vinculante en el referendo del 21 F, donde el 51,30 % del total de votos válidos emitidos, rechazó la reelección.

Por la relación anterior, denuncian tres violaciones a los derechos políticos reconocidos en el artículo 23 numeral 1, incisos a y b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la parte que prescriben: “Todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y de votar”.

Aseguran que la figura de la inaplicabilidad no existe en el ordenamiento jurídico de Bolivia, sino el sistema de control concentrado y especializado de inconstitucionalidad a cargo del TCP, en el cual la ley o normas jurídicas inferiores que resulte contraria a la Constitución, no se la inaplican, sino que se la deroga o abroga con efectos generales y permanentes, expulsándola del orden jurídico vigente.

Identifican como autoridades denunciadas por las violaciones a los derecho políticos al  Presidente,  Vicepresidente, Legisladores y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia que sancionaron la Ley de Aplicación Normativa, presentaron y admitieron la demanda de inaplicabilidad contra el artículo 168 de la Constitución de Bolivia.

En el  memorial de 23 páginas acompañan 14 pruebas sobre aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009, referendo de 2016 en Bolivia, y la jurisprudencia en el caso de Guatemala y Perú sobre violación a derechos políticos, donde la CIDH sentó precedentes que respetan  los derechos colectivos y los constituidos en las normativas internas

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