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ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – Octubre 05/2017) Una de las condenas que pesa en contra del exgobernador de Tarija, Mario Cossío Cortez,  lo inhabilita como posible candidato en las próximas elecciones, situación por la que su defensa apeló la medida, esperando una respuesta de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia.

El abogado de Cossío, Jorge Finny, informó que está a la espera de que la Sala Penal Primera, se pronuncie ante el recurso de apelación presentado en favor de la autoridad suspendida.

Cossío Cortez,  el año 2016 recibió una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de cárcel, con relación a presuntos delitos en los que habría incurrido, con relación al denominado caso Imbolsur.

Precisamente por el proceso de irregularidades en la compra de cemento asfáltico de la empresa Imbolsur, Cossío fue suspendido el año 2010 como gobernador, cumpliendo dos artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), que ya no se encuentran vigentes, al ser declarados inconstitucionales.

Los jueces que conformaban el Tribunal de Sentencia decidieron absolver a Cossío, al momento donde se realizaría la lectura del fallo,  la juez mediante un voto disidente decidió emitir una sentencia de dos años y seis meses.

En ese sentido, el abogado Jorge Finny, hizo uso del recurso de apelación; sin embargo, hasta la fecha,  la sala mencionada no se pronunció.

Con este recurso, se confirmará la sentencia o en caso contrario, será revocada.

“Pasa un año desde que presentamos la apelación y según lo que nos dijeron por parte de la Sala Penal,  debido a la carga procesal que existe en el juzgado, es que no se han pronunciado hasta la fecha, pero esperamos que en el transcurso de esta semana se pueda obtener una respuesta”, dijo el abogado.

Este juicio duró cinco años,  mientras este proceso no sea declarado en calidad de cosa juzgada.

En este juicio, el abogado recordó que Cossío fue prácticamente absuelto de toda responsabilidad por los presuntos hechos de corrupción, de los que era juzgado.

El caso Imbolsur, fue por un contrato de provisión de cemento asfáltico, contratado por el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), que fue incumplido y su participación se limitó a resolver un recurso jerárquico, en el que  instruyó el tema.

El cobro de las boletas dependía del Sedeca, por su parte,  la empresa Imbolsur fue contratada para suministrar el cemento. (eP).