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1 octubre, 2017

La cuestión catalana

Me han pedido que me pronuncie sobre la situación de Catalunya sabiendo, por cierto, que quien suscribe esta columna es catalán y naturalmente tiene una parte de su corazoncito en la tierra que lo vio nacer hace casi 50 años. Con elegancia, como no puede ser de otro modo, me eximí de comentar el derrotero soberanista porque, lo admito sin ambages, tengo una posición política personal que deslindo del ejercicio del periodismo. Y es ahí donde me siento seguro, como un salmón genéticamente preparado para nadar contra corriente y en aguas por demás turbulentas. Desde esa posición, considero que el referéndum del 1 de octubre en que se consulta a los catalanes y catalanas sobre el establecimiento de una república independiente, es un error político que sin lugar a dudas pasará factura a quienes lo promueven.

  Es un error, digo, porque al convocarlo el Parlament vulneró de un modo flagrante la institucionalidad democrática española expresada en la Constitución de 1978, cuando lo lógico y legal hubiera sido la alternativa británica. En 2014 el primer ministro David Cameron pactó con el gobierno soberanista escocés representando por el Scottish National Party (SNP) la realización de un referéndum de autodeterminación y éste se realizó el año 2014. El resultado de la consulta popular fue una victoria del NO y tanto Westminster como Hollyrood aceptaron la decisión del pueblo escocés expresada en libertad en las urnas. Sin embargo, ni el presidente de la Generalitat-el gobierno autónomo catalán- ni el Parlament tomaron en cuenta esta vía absolutamente democrática. Quizás fue porque, tal y como demuestran los recientes acontecimientos, sabían que el estado español reprimiría con inusitada contundencia en democracia el clamor de una parte importante de la sociedad civil catalana que tiene sobrados y justificados argumentos históricos, políticos y económicos para demandar una alternativa de autodeterminación tan legítima como ilegal, insisto, en el marco constitucional español.

  Se equivocó y lo sigue haciendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando responde al independentismo con policías en las calles, incautándose de urnas, papeletas y banderas, amenazando con recurrir a todos los mecanismos del estado para frenar el referéndum. Su falta de cálculo político-si alguna vez lo tuvo jamás hizo gala de ello-ha derivado en un rechazo de sectores democráticos de la sociedad española que incluso respaldan el derecho de los catalanes a acudir a los colegios electorales el domingo  provocando un fenómeno contrario al pretendido desde la capital. Hay catalanes que se consideran también españoles que irán a votar cuando antes de la estúpida estrategia del Gobierno del Partido Popular (PP) ni siquiera pensaban en salir de casa para comprar el periódico dominical y un par de cruasanes para el desayuno.

  Sucede que reprimir en vez de acordar es un arma de doble filo, sobre todo cuando se tocan las fibras de una sociedad polarizada a punto de un inevitable choque de trenes. Catalunya se cansó de llamar a las puertas de la Moncloa que siempre se ha caracterizado por minimizar la cuestión catalana hasta que ésta se transformó en un asunto de Estado.

  Porque ya no se trata de si el referéndum se celebra o no; Catalunya ha enviado un mensaje a España y el mundo que sólo se resuelve por el camino del diálogo. El problema reside en que tanto Madrid como Barcelona están atrincherados en posiciones cerriles despertando fervores nacionalistas impropios de una sociedad mediamente tolerante y ahí, señores míos la historia de la vieja Europa presenta ejemplos resueltos al margen del Estado de Derecho con demasiadas víctimas colaterales.

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La respuesta esquiva de la Dirección de Ingresos Municipales respecto a la falta de controles a las tiendas que ofertan productos de contrabando, desligando toda responsabilidad, cuando es una realidad palpable en el centro de la ciudad como en diferentes barrios de la capital.