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Imputan al gobernador Oliva por el Materno Infantil






19 septiembre, 2017

ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – Septiembre 19/2017) La imputación formal en contra del gobernador, Adrián Oliva Alcázar, fue formalizada por el Ministerio Público, confirmó el fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz, al indicar que este caso es por la construcción de la obra del hospital Materno Infantil, donde habrían irregularidades.

Los delitos por los que fue imputado el gobernador son incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad.

El caso surge por la suscripción del contrato de la construcción del hospital Materno Infantil.  El denunciante es el representante de la empresa unipersonal Conbolat, Abraham Rodrigo Alcoba.

La empresa Conbolat exige el cumplimiento de la medida precautoria de suspensión y que se deje sin efecto la inscripción en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), a la carta de resolución de contrato inscrita por la Gobernación.

“Es una imputación que ya fue confirmada y remitida al juez de instrucción cuarto de la capital, este caso es de la gestión 2016 donde el señor, Abraham Alcoba, presenta una acción de amparo constitucional, por lo que se hace conocer que el gobernador no estaría cumpliendo con esta disposición judicial”, detalló Muñoz.

Existía un amparo que el gobernador no habría cumplido, por este motivo la Fiscalía está pidiendo mediadas sustitutivas a la detención preventiva.

Elfiscal explicó que durante el proceso de investigación preliminar, detectaron 24 elementos probatorios en contra del gobernador Adrián Oliva.

Según la denuncia, el gobernador no estaría cumpliendo con una disposición de la sala administrativa emitida el 3 de febrero de este año, portal motivo, le atribuyen el delito de desobediencia.

Conbolat está a cargo de la supervisión técnica del Materno

Según los antecedentes, los representantes de la empresa Conbolat, decidieron terminar en diciembre de 2016  el contrato con la Gobernación, porque esta institución no hizo efectivo el pago de planillas  ni garantizaba  el costo de los servicios adicionales.

Por esta situación, la empresa decidió presentar una acción de amparo constitucional, consiguiendo el fallo a su favor, exigiendo el cumplimiento inmediato;  sin embargo, dicha disposición judicial, que fue emitido por la juez de Garantías, Lizzie Riera Sorich, no fue cumplida por la Gobernación.

La juez exigía dejar en suspenso la inscripción del proyecto en el Sicoes, hasta que sea resuelta la causa principal, además del cumplimiento de todos los pagos adeudados, situación que no ocurrió. (eP).

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