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Gobernación planea hacer un nuevo POA






14 septiembre, 2017

LAURA VIDAURRE/ BOLINFO/ TARIJA

(elPeriódico, septiembre 14/2017) De acuerdo al secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García Delfín, el juez no ha fallado a favor del subgobernador de Cercado,  Jhonny Torres Terzo, en cuanto a la acción de cumplimiento de la Ley de la canasta alimentaria que interpuso contra el gobernador, Adrián Oliva Alcázar, sino que ha dispuesto que debe elaborarse un nuevo Plan Operativo Anual (POA), en cumplimiento a las leyes departamentales.

Este documento debe de ser consensuado con la Asamblea para que no existan observaciones, porque el tiempo para la entrega del POA 2018  fenece el viernes.

“Es precisamente en ese escenario que la Gobernación da cumplimiento a este marco normativo y procederá a la elaboración de un nuevo POA, que será remitido al órgano legislativo”, dijo García.

Para el secretario de Justicia,  puede abrirse un nuevo escenario para que la Gobernación y la Asamblea  trabajen en un documento consensuado.

Estimó que este jueves estarían  todos los documentos en el Órgano Legislativo, también espera la predisposición de la Asamblea para resolver este nuevo planteamiento que será enviado el viernes a La Paz.

Asamblea

Desde la Asamblea Legislativa, el secretario general, Abel Guzmán, respondió que los secretarios de la Gobernación  están “dolidos”,  es por eso que quieren presentar otro POA. “Ellos quieren hacer lo que les da la gana”.

Indicó que la Gobernación debe de hacer llegar las observaciones a la Ley Financial hasta este jueves para evitar contratiempos. El plazo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas vence este viernes 15.

“Si van a presentar un POA es responsabilidad absoluta de ellos”, dijo Guzmán advirtiendo a la Gobernación  que esta propuesta es a destiempo, lo que puede ocasionar el congelamiento de las cuentas del departamento si es que no  presentan el presupuesto en los plazos establecidos.

Subgobernación

De acuerdo al subgobernador, Jhonny Torres,  la audiencia falló a su favor, al explicar que una acción de cumplimiento, como  dice su nombre,  obliga  a una autoridad a cumplir una ley que está vulnerando, en este caso, que pretendía vulnerar.

“La ley de la canasta alimentaria establece que  es un beneficio en especies  para los adultos mayores y es administrada por los subgobernadores”, dijo Torres.

Adelantó que esta situación  la predijo la Asamblea en la Ley Financial que aprueba el POA, indicando que la norma está en concordancia  con el fallo.  “Que en cumplimiento  a la Ley 71 de la canasta alimentaria para el adulto mayor son los subgobernadores que administran el programa”.

 

Fallo

La audiencia por la acción de cumplimiento de la Ley de la canasta alimentaria que interpuso Torres contra el gobernador, Adrián Oliva, fue realizada en el Juzgado Público en lo Civil y Comercial Segundo, en el Palacio de Justicia   concediendo “parcialmente” la tutela solicitada por Johnny Marcel Torres Terzo,  en contra del gobernador de Tarija, Adrián Esteban Oliva Alcázar,  denegando contra la tercera interesada, Sara Armella Rueda,  actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental.

El juez dispone que el  gobernador dé cumplimiento y observancia del artículo primero  de la Ley  Departamental N° 072 y el artículo  14 de la Ley Departamental N° 139. No existe prueba alguna de la amenaza o violación de las otras leyes departamentales.

No corresponde pronunciarse con relación al Decreto Departamental   03/2014 que reglamenta la Ley 072, tomando en cuenta que el mismo quedó sin efecto por el Decreto Departamental 30/2017  del primero de septiembre de 2017 y goza de presunción de constitucionalidad.

Al final, el juez complementó la sentencia para que el “gobernador acate estricta observancia de las leyes del proyecto de presupuesto 2018”.

La canasta

La entrega de la canasta alimentaria del adulto mayor está garantizada por ley, la misma se hace a través  de las subgobernaciones en coordinación con la Gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Humano.

“Esto no ha variado, sino que simplemente se han complementado ciertos aspectos. No podemos hablar de licitaciones, lo que entendemos es que les interesa a ciertas autoridades es quién va a hacer las licitaciones, lo que le interesa a la Gobernación es que esos más de Bs 32 millones, sean íntegramente destinados a favor del sector adulto mayor”, explicó el secretario García.

La situación de qué  institución se haga carga de la distribución de este beneficio es una cuestión que sea resuelta cuando concluya la tramitación del POA 2018. (eP).