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Niegan acción popular contra el presidente por Tariquía






13 agosto, 2017

 

SAÚL CARDOZO/ BOLINFO/ TARIJA

(elPeriódico-agosto 13/2017) El futuro de la reserva natural de Tariquía estaba en juego en una pequeña sala de audiencia del municipio de Padcaya, en un momento en que la mayoría de las miradas iba en dirección a la serranía de Sama, donde miles de personas intentaban sofocar las llamas de lo que era uno de los desastres forestales más grandes del país; el tema en ambos casos era el mismo; el tratamiento del medio ambiente. 

La juez mixta de Padcaya, Rocío Medrano, tras largas horas de un acalorado debate efectuado este sábado por la tarde, negó el pedido de una acción popular en contra de un decreto nacional por la reserva de Tariquía.

La acción popular fue interpuesta por los comunarios de Tariquía en contra del presidente del Estado, Evo Morales Ayma, por la falta de la consulta previa al Decreto 2366.

La juez resolvió no dar lugar a la acción, aunque indicó que debe hacerse una consulta previa.

El ambientalista, Gonzalo Torres Terzo, quien estuvo presente en este acto procesal,  informó que los comunarios de Tariquía fueron quienes interpusieron la acción porque sienten que su derecho constitucional a la consulta previa,  “fue violado”,  porque hay actividades petroleras en la zona, sin que se les hubiese realizado consulta alguna.

“Se promulgó el Decreto 2366 que abre las puertas a las actividades exploratorias y de explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas del Estado boliviano”, recordó Torres.

Indicó que la juez no dio la tutela a los demandantes; pero en el acto, pudo demostrarse que los lugareños “nunca” fueron consultados.

Si bien la juez rechazó la acción,  determinó que el Gobierno Central realice la consulta previa a los comunarios.

“A pesar de no haberles dado la demanda a los de Tariquía, no fue una pérdida total, sino que se reconoció que no hay consulta y por lo tanto,  le dice en su fallo al Gobierno que debe realizar la consulta previa si quiere explotar”, aseguró el ambientalista.

El Decreto Supremo 2366 autoriza el desarrollo de actividades de explotación de hidrocarburos  en áreas protegidas del país con el cumplimiento de seis medidas ambientales y que el Gobierno destine el 1% del monto de la inversión para fortalecer el sitio intervenido. (eP).

 

 

 

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