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Redacción Central/Bolinfo

(elPeriódico- febrero 17/2017) Las manos al rostro y las lágrimas que iban cayendo  poco a poco hasta su pecho, así de emocionado se mostró  uno de los cuatro trabajadores al escuchar la determinación del Juzgado Público Primero en lo Civil, la que salió favorable a ellos, ordenando la restitución inmediata de los  cesados en sus antiguos puestos en el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija.

Esta determinación también fue tomada con júbilo por el representante del Ministerio del Trabajo en Tarija, Ramón Vilca, quien dijo que éste es un caso emblemático que puede ser tomado como ejemplo por los trabajadores públicos, de forma que hagan respetar sus derechos.

Con este amparo,  los cuatro trabajadores beneficiados, no sólo deben ser restituidos en sus puestos de trabajo, sino que la Alcaldía debe pagarles los sueldos devengados desde junio del 2016.

“El Gobierno Municipal con su reestructuración no tomó en cuenta la vigencia de la Ley 321”, informó el representante del Ministerio del Trabajo, al explicar que esta normativa protege los derechos de los trabajadores, al explicar que el argumento de la Alcaldía no era válido para un despido.

Según Vilca, un despido debe estar debidamente justificado, con más razón si son trabajadores que tienen más de 10 años de antigüedad en la institución. “El tema de la reestructuración no es un argumento sólido, ellos debieron prever en su presupuesto este tema”.

Desde la Alcaldía indicaron que el pasado año inició una reestructuración al hallar supernumerarios en diferentes unidades, situación que se complicó con el recorte de presupuesto por la denominada crisis económica.

Por eso, la Alcaldía no acató los instructivos del Ministerio de Trabajo tanto de Tarija como el de La Paz, teniendo que acudir a las instancias judiciales. Vilca explicó que la Alcaldía tiene hasta el martes como plazo final para reincorporar y pagar los sueldos adeudados desde junio de 2016 a estas personas.

La Alcaldía presentó el recurso jerárquico, pero el amparo fue ratificado a favor de los trabajadores por el Tribunal Departamental de Justicia.

“Ya en noviembre la Alcaldía hizo oídos sordos, no quiso cumplir con nuestro instructivo, es por eso que los trabajadores recurrieron al amparo constitucional”, explicó Vilca al acotar que con este primer paso, los demás funcionarios cesados, que son unos 10, pueden  recurrir ahora a esta instancia.

El amparo debe ser negado o ratificado por el Tribunal Constitucional. “Tenemos la firme esperanza que será ratificado”, dijo todavía entusiasmado Vilca.

El representante del Ministerio de Trabajo no negó que estos despidos tengan una razón política, más que la misma reestructuración de la que argumenta el Gobierno Municipal.

Las personas que fueron removidas de sus puestos de trabajo y deberán ser reincorporadas cumplían diferentes funciones en la Alcaldía. Uno trabajaba como chofer, otra como encargada de limpieza, una tercera de secretaria y un cuarto en el área de la construcción.

El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Construcción, Carlos Salvatierra, remarcó que este amparo es un antecedente para los trabajadores públicos, pues en la mayoría de los casos, están sometidos a caprichos políticos, cuando en realidad están amparados en la ley, pero pocos conocen los alcances de la misma.

“El argumento que les dieron es que no hay dinero, pero al mismo tiempo están comprando millonaria maquinaria, no tiene sentido”, refutó el representante de los trabajadores a las anteriores declaraciones de los funcionarios de la Alcaldía.

Salvatierra recordó que la Alcaldía hizo recientemente una millonaria adquisición de maquinaria por Bs 12 millones, lo que contrasta su postura de austeridad.

El dirigente informó también que iniciarán un proceso por otros seis trabajadores que fueron cesados en la Subalcaldía de Cercado. Para despedir a esos funcionarios, usaron el mismo argumento de reestructuración.

Salvatierra pidió dejar  las pugnas políticas de lado, pues los cesados sólo quieren trabajar sin importar el color que tengan los gobernantes de turno. (eP).