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La nueva denuncia de la Fiscalía brasileña contra Lula da Silva y otras tres personas, incluido su hijo Luiz Cláudio Lula da Silva, es fruto de las investigaciones realizadas en el marco de la conocida Operación Zelotes, que desde 2015 revisa supuestas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.
La investigación sobre el ex mandatario, que ya tiene abiertos otros tres procesos diferentes en su contra, apunta a irregularidades en la compra de 36 cazas por parte de las Fuerzas Aéreas Brasileñas (FAB).
La Fiscalía considera, asimismo, que existen indicios de irregularidades en la prórroga de incentivos fiscales a la industria automotriz mediante un decreto dictado por el gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff.
Los delitos se habrían producido entre 2013 y 2015, años después de que Lula abandonara la jefatura de Estado, lo cual no le habría impedido influir en el Gobierno con el objetivo de beneficiar a diversas empresas.
«La Fiscalía sostiene que la promesa de interferir en el Gobierno realizada por parte del ex presidente Lula benefició a su hijo Luiz Cláudio», señaló la denuncia.
A cambio de estas maniobras, las compañías habrían pagado 2,5 millones de reales (unos USD 740.000) al hijo del ex presidente, lo que supondría la mayor contraprestación ilícita detectada hasta el momento en el marco de la Operación Zelotes.
Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2011, se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de dos constructoras, y en el tercero por haber tratado de acallar a un testigo que lo señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó la petrolera estatal Petrobras durante al menos una década.